Emergencia humanitaria compleja:
*Generadas por el Estado
*Largas y lentas
*Generadas por múltiples amenazas a la vida y a la acción humanitaria
*Erosión del Estado de derecho
*Violación de derechos humanos masivos, sistemático y deliberada
*Se trastoca prioridades
*Desplazamientos masivos
*Deterioro e irrupción de servicios
*Desarrollo de una economía del conflicto rentable.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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A Cindy Portillo le brotan las lágrimas apenas empieza a hablar de su esposo, Jamynson Jiménez. Con voz entrecortada, recuerda que lo vio el pasado 4 de enero, cuando salió a su trabajo en el Ministerio del Poder Popular Para la Comunicación e Información. Desde entonces, no sabe de su paradero. Recuerda escuchar su voz, a las 9:00 pm de ese día, cuando le dijo que iba en camino a casa, con una voz entrecortada a través de una llamada. Desde entonces, no sabe nada de él.
Portillo sospecha que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se lo llevaron sin decir palabras. La organización defensora de derechos humanos, Foro Penal, maneja el caso como una posible desaparición forzada. A pesar de las denuncias antes los entes encargados, no reciben respuestas.
Portillo, por su lado, presume que se llevaron a su esposo por mantener una relación estrecha con el funcionario del Cicpc, Óscar Pérez, quien el año pasado causó revuelo luego de sobrevolar, en un helicóptero, al Tribunal Supremo de Justicia y luego dispararle. Ella aún mantiene el recuerdo de cuando el cuerpo de funcionarios se llevó a su esposo a un interrogatorio que duró todo el día, de 8:00 am a 11:00 pm.
Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, indicó que el caso lo llevaría a instancias internacionales, como la oficina de desaparición forzosa de la Organización de las Naciones Unidas. Esta no es la primera vez que registran este tipo de casos, que deja en evidencia la violación de derechos humanos, de forma sistemática en Venezuela.
Los informes de la organización a lo largo del 2017 deja ver las costuras del sistema venezolano y s trato con los derechos humanos.
En un año álgido, en el que se produjo una ola de protestas en contra el gobierno de Nicolás Maduro, dejó como saldo a 5511 detenidos por razones políticas, según cifras de la organización. De la cifra, 15% denunció casos de torturas, abusos sexuales, descargas eléctricas y tratos crueles.
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Susana Raffali, especialista en desnutrición, seguridad alimentario y crisis humanitarias, se preocupa. La desnutrición en niños menores de 2 años alcanza 58% en cuatro regiones del país (Vargas, Miranda, Zulia y distrito Capital), según los datos manejados por Cáritas. Solo en 2017.
No eran las cifras que esperaban, pues se supone que el lanzamiento del Plan Abastecimiento Soberano, por parte del gobierno, aplacaría las ansías de comida en los hogares. Al menos en la teoría. Sin embargo, los número son otros.
Las desnutrición en niños menores de 5 años la cataloga como grave. Las cifras se duplicaron en comparación con el 2016.
Este hecho, de acuerdo con Susana Raffalli trae serias implicaciones para el crecimiento de los niños, pues no se logran desarrollar de la mejor manera, en medio de un país que surfea una inflación y crisis política. Aunque el gobierno lo desmienta.
“LA cobertura de los actores humanitarios es más baja. Cada vez son más pequeños los que sufre de desnutrición y esto no tiene reversión. Ni psicológica ni afectiva.
Esto no se puede tratar con los suplemento nacionales, pues no los hay. Pero tampoco se cuenta con el dinero para realizar las importaciones. Ahora los alimentos, como las leches, que necesitamos ya no son para nutrir, ahora son para salvar vidas. Cada vez hay menos recursos y menos espacios humanitarios que ayuden a revertir el problema”, señaló la especialista.
Según sus cifras, alrededor de 180.000 se encuentran en este riesgo. Niños que pueden perder la vida incluso antes de nacer. Por ello pide que haya reconocimiento de la sitación al Estado venezolano y que le permita a su organización, Cáritas, continuar con sus labores sin mayor problemática,
“Hemos ido a casas en zonas populares para realizar las encuestas, cuando preguntamos por los nilos, dicen que no hay niños en la casa, pero al fondo escuchas algún lloriqueo. Las familias mienten porque algunas están amenazadas de que si denuncian su situación alimentarios le pueden quitar quitar la bolsa de comida de parte del consejo comunal. Queremos que el estado nos reconozca como actores humanitarios válidos para ayudar con la actual crisis”, agregó.
También exige que el gobierno venezolano reconozca la situación precaria en la que se encuentra el país, así como que proporcione información sobre lo que se necesita y las proyecciones para este año.
Así como un espacio para actores humanitarios internacionales, sin necesidad de una intervención militar. De esta forma se activen los mecanismos de ayuda, incluso los bilaterales. Por ello exige, igualmente, una flexibilización a que otras organizaciones puedan actuar dentro del país.
Sumado a esto, enfermedades erradicadas hace décadas han vuelto a aparecer en el país como la difteria, malaria y sarampión. Además, el tratamiento para sobrevivir a dichas enfermedades -y otras que padecen miles de venezolanos- es de difícil acceso, bien sea por los altos costos de los medicamentos o que no se consiguen en las farmacias.
En enero de 2018 todavía los pacientes con estas enfermedades y sus familiares claman por qué el Gobierno abra un canal humanitario que les permita consumir el tratamiento y salvar sus vidas.
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Paola Luna se queda sin amigos. Afortunadamente, los despide en un aeropuerto, sobre los colores de Cruz-Diez, y no bajo un ataúd enterrado en un cementerio.
A inicios del 2017 despidió a una amiga de la universidad donde se graduaron de Turismo. Voló hasta Chile. El mismo destino tomó un amigo fotógrafo que al que le dijo adiós en medio de protestas.
Argentina fue el país que escogió otra amiga, del bachillerato, al mes siguiente. A quien luego se añadió un amigo en común, de la universidad. La tierra de Maradona también recibiría a un amigo de su trabajo, fanático del fútbol. Recuerda que le envió un video de cuando él conoció la “Bombonera”, casa del Boca Juniors.
Las despedidas no terminaban. Panamá sería otro destino entre los amigos de Paola. Luego Perú. Holanda. Colombia. España. La lista de destinos es larga, mientras que la de amigos en el país queda corta cada día.
Sus amigos se fueron en busca de mejores oportunidades. La mayoría, tomó la decisión luego de tener experiencias con la inseguridad. Asaltos en el metro, puñaladas mientras visitaba a una amiga. El robo del celular en una camioneta. En la casa. En la universidad. Son variopintas los robos en el país.
Venezuela se queda sin sus jóvenes, pero esto supone complicaciones para los países escogidos como nueva tierra. Colombia y Perú han sido naciones que han debido tomar cartas en el asunto, para abrir los brazos y ayudar como puedan. Mientras que Panamá ha impuesto medidas para evitar más arribos a sus tierras.
Según datos de Migración Colombia, en julio de 2017 tuvo lugar la llegada de de 350 mil venezolanos de los cuales 140 mil eran ilegales. En diciembre la cifra creció a 552 mil, de los cuales 374 mil son ilegales. De esos, se estima que al menos 225 mil entraron por trochas. El número de venezolanos en Colombia creció 57% en solo cinco meses.
Son tantos los venezolanos que han llegado a tierras colombianas que hay zonas bautizadas como “Hotel Caracas”, e incluso un sector con el nombre “Ciudad Chávez”.
Aunque el país granadino ha dado alertas ante la situación, hasta ahora no encuentran una solución a lo que consideran se está convirtiendo en una problemática de salud pública, pues yo varios los casos relacionados a prostitución y robos que han ocurrido en el vecino país.
En Perú, de acuerdo con cifras de Migraciones, 148,992 venezolanos llegaron al país a lo largo de 2017. Ante la ola de llegada, el gobierno peruano lanzó el decreto supremo N° 023-2017 IN, un permiso temporal de permanencia para aquellos venezolano que llegaron al Perú antes del 31 de julio 2017.
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