“El Plan chamba Juvenil ha incorporado ya a 594 mil jóvenes. Podemos redondearlo, 600 mil jóvenes que no estaban incorporados en la vida laboral, ahora han sido conectados a las bases de la formación, incorporación a la producción y bien remunerado” Presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente, 7 de septiembre de 2017.
Matsuet Yamaguchi formó parte del Plan Chamba Juvenil hasta hace un mes. A pesar de percibirlo como una solución a su desempleo, decidió abandonar el programa, creado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 20 de junio, el cual todavía le debe tres meses de pago, a pesar de asistir a las constantes formaciones y reuniones convocadas a lo largo de tres meses.
Yamaguchi ya no es parte de los supuestos 594 mil jóvenes que forman parte del programa, según declaró el mandatario nacional el pasado 7 de septiembre en cadena nacional ante la Asamblea Nacional Constituyente: “El Plan chamba Juvenil ha incorporado ya a 594 mil jóvenes. Podemos redondearlo, 600 mil jóvenes que no estaban incorporados en la vida laboral, ahora han sido conectados a las bases de la formación, incorporación a la producción y bien remunerado”.
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Foto: portal Ciudad Mérida
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Este plan, dirigido a jóvenes universitarios desocupados, con carga familiar o no escolarizados, y a madres solteras y en situación de calle (según se lee en su página oficial), ha dejado ver sus costuras desde el momento de su creación, mientras los entes públicos encargados o adscritos al programa, como La Previsora y el INCES (de Caricuao, en Caracas), es poca o ninguna la información que aportan al momento de solicitarles información de las cifras.
Infografía: Alexa Vielma
Aunque Yurami Quintero, viceministra de Juventud y Deportes, informó que el propósito de este programa, adscrito a ese ministerio, es “incluir a la población joven en el desarrollo del nuevo modelo económico que apunte a romper con el rentismo petrolero”, la experiencia de Yamaguchi indica lo contrario, ya que hasta cinco horas tuvo que esperar para la realización de actividades que nunca se llevaron a cabo.
“A nosotros nos habían entregado un cronograma, entonces según eso, a mí me tocaba ir el miércoles a la casa del partido PSUV. Subí a la oficina de la chamba juvenil. Cuando yo entrego el cronograma, la coordinadora que está allí me indica que desconoce el motivo por el que me mandaron para allá, pero que si yo quería esperara un fulano autobús que iba hacia un punto rojo, para que prestara mi apoyo por allá”, Matsuet hizo énfasis en que esperó dos horas por un autobús que nunca llegó.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2013 (Enjuve), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), casi 1,7 millones de jóvenes, con edades entre 15 a 29 años, estaban desvinculados del estudio y trabajo. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística, publicó en su último informe de la Situación de la Fuerza de Trabajo, en abril del año pasado, que 8 millones 396 mil 288 personas estaban desempleadas.
“A nosotros nos habían entregado un cronograma, entonces según eso, a mí me tocaba ir el miércoles a la casa del partido PSUV. Subí a la oficina de la chamba juvenil. Cuando yo entrego el cronograma, la coordinadora que está allí me indica que desconoce el motivo por el que me mandaron para allá, pero que si yo quería esperara un fulano autobús que iba hacia un punto rojo, para que prestara mi apoyo por allá”, Matsuet hizo énfasis en que esperó dos horas por un autobús que nunca llegó.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2013 (Enjuve), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), casi 1,7 millones de jóvenes, con edades entre 15 a 29 años, estaban desvinculados del estudio y trabajo. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística, publicó en su último informe de la Situación de la Fuerza de Trabajo, en abril del año pasado, que 8 millones 396 mil 288 personas estaban desempleadas.
Partido del gobierno. Foto: Página web del PSUV
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Para el politólogo Jesús Castillo, el plan Chamba Juvenil, lejos de buscar que las cifras de la Enjuve o del INE se reduzca, sostuvo que el programa “es simplemente un instrumento político del gobierno para incentivar la militancia joven en el PSUV…Que en compañía del carnet de la patria se convirtió en un elemento de adquirir (en este caso, atraer) jóvenes al proyecto político del presidente Nicolás Maduro”, mencionó.
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Según su testimonio, este plan no está solucionando el problema productivo del país, sino al contrario, solo aumenta la nómica pública, mientras que el salario que recibe los inscritos “no le alcanza para comprarse una casa, un vehículo.
“El gobierno debería dejarnos saber un indicador de cuántos de esos 850mil jóvenes están en las empresas productivas del Estado, cuantos están en las empresas que expropiaron y ya no son productivas, cuántos están ayudando en el sistema agrícola, pecuario, industrial, científico, económico del país para llevarlo adelante? Eso sería interesante saberlo. Sería interesante incorporar a 850mil jóvenes a impulsar la productividad del país, pero no se está haciendo. Esto sigue siendo instrumento para la militancia política del PSUV y el pago es solo una pensión”, agregó el especialista.
No obstante, Yamaguchi denunció que las cosas que prometieron al integrarse al plan no están siendo cumplidas, “los 500.000 bolívares que nos correspondían, que aprobó Maduro no nos lo entregaron, se los dieron a los nuevos ingresos, a pesar de que nosotros ya estábamos en lista”, afirmó. Además resaltó que el pago fue parcial, es decir no se incluyeron a todos los integrantes, “nos dijeron supuestamente que era seguro para todos, y a último momento nos dijeron que eso era sorteado”.
Esta no es la primera vez que el Gobierno lanza un programa con el objetivo de reinsertar a la población juvenil en el campo laboral: en 2014 se creó la Ley para la Juventud Productiva, mientras que el INCES funciona como ente de formación y aprendizaje para los jóvenes. Asimismo, la “Misión Saber y Trabajo” capacitaría a personas en distintas áreas laborales.
“El gobierno debería dejarnos saber un indicador de cuántos de esos 850mil jóvenes están en las empresas productivas del Estado, cuantos están en las empresas que expropiaron y ya no son productivas, cuántos están ayudando en el sistema agrícola, pecuario, industrial, científico, económico del país para llevarlo adelante? Eso sería interesante saberlo. Sería interesante incorporar a 850mil jóvenes a impulsar la productividad del país, pero no se está haciendo. Esto sigue siendo instrumento para la militancia política del PSUV y el pago es solo una pensión”, agregó el especialista.
No obstante, Yamaguchi denunció que las cosas que prometieron al integrarse al plan no están siendo cumplidas, “los 500.000 bolívares que nos correspondían, que aprobó Maduro no nos lo entregaron, se los dieron a los nuevos ingresos, a pesar de que nosotros ya estábamos en lista”, afirmó. Además resaltó que el pago fue parcial, es decir no se incluyeron a todos los integrantes, “nos dijeron supuestamente que era seguro para todos, y a último momento nos dijeron que eso era sorteado”.
Esta no es la primera vez que el Gobierno lanza un programa con el objetivo de reinsertar a la población juvenil en el campo laboral: en 2014 se creó la Ley para la Juventud Productiva, mientras que el INCES funciona como ente de formación y aprendizaje para los jóvenes. Asimismo, la “Misión Saber y Trabajo” capacitaría a personas en distintas áreas laborales.
Infografía: Alexa Vielma
Aaron Olmos, el profesor y economista, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), hace referencia a la capacitación que deberían recibir las personas que integren el plan para posteriormente ser insertados en un campo en el cual tengan experiencia, bien sea en el sector público o privado. Sin embargo, resalta que más de dos tercios del sector productivo ha desaparecido gracias a la situación económica del país, por lo que las empresas se han visto en la necesidad de mantener al personal y no renovarlo, cerrando la posibilidad de encontrar empleo.
Con respecto al sector público, advirtió que, “no todo el trabajo que esas personas hacen, es trabajo reproductivo, que recordamos, se trata de aquel trabajo que le suma o le agrega valor al PIB”. Cabe resaltar que se deben garantizar entonces, la inserción de los jóvenes al campo laboral para que se obtengan beneficios del programa para sus participantes pero que no genere solo un gasto para el Estado.
Venezuela actualmente se encuentra en un período irrepetible y deseado por muchas naciones, llamado “bono demográfico”, en el cual la mayoría de la población se encuentra en edades productivas, es decir, con edades para trabajar, tal como muestran las cifras de la Enjuve. Y de acuerdo con el INE, de los más de 8 millones de desempleados, 37% son jóvenes con edades en los cuales pueden ser activos económicamente, sin embargo, son pocas las ofertas que se ofrecen.
Sin embargo, el panorama luce opaco para el sociólogo Antonio Paredes, pues basado en su criterio, el bono impulsado por la juventud del país se está perdiendo, pues son muchos los que buscan sus oportunidades fuera de las fronteras venezolanas.
“A lo mejor ese programa va a continuar y muchos jóvenes van a seguir recibiendo ese aporte económico, van a estar en la Chamba Juvenil, pero eso no va a ser muy productivo, porque la cuestión es aumentar la productividad en un país y eso no es lo que en realidad está contemplado, ellos hablan de aumentar la productividad, de producir. Con la chamba juvenil activar la agricultura mediante el conuco, pero yo no veo a ningún joven en un conuco, primero, no, y segundo los conucos no son la manera de producir alimentos para un país. Se necesitan de mecanismos que garanticen la mayor productividad, y eso depende de mucha inversión de capital, mucha tecnología, mucho conocimientos técnicos y eso no existe aquí”, argumentó.
En la misma línea continúa el politólogo Castillo al agregar que La Chamba Juvenil no está solucionando el problema productivo del país, no está deteniendo a los jóvenes para que se queden en el país, no le está diciendo a los jóvenes ‘con esta chamba juvenil vas a ser mejor persona, vas a ayudar a la familia, vas a poder comprar medicamentos, vas a poder comprar un par de zapatos.
Pensar antes de actuar
Durante la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada entre mayo y junio de 2016, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) En dicha ocasión, la Comisión de la Conferencia deploró la ausencia de diálogo social con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con el objetivo de aplicar una política activa de empleo.
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Foto: Actualidad Laboral
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La Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que: con la asistencia de la OIT, elabore inmediatamente, en consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, una política de empleo destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido.
Por su parte, la ASI señaló en sus observaciones que la República Bolivariana de Venezuela no cuenta con una política de empleo. La OIE y FEDECAMARAS sostienen que no existe dentro de la planificación macroeconómica del país una política coordinada para la ejecución conjunta de planes de empleo. Indican que la ausencia de una política coherente de empleo en el país ha ocasionado un enorme crecimiento del índice de pobreza, que pasó del 53 por ciento en 2014 al 76 por ciento en 2015. Añaden que el aumento ha sido aún más significativo en el caso del índice de la pobreza extrema, que pasó del 25 por ciento en 2014 al 53 por ciento en 2015.
"FEDECAMARAS, a pesar de su representatividad, por tener afiliadas cerca de 300 cámaras, lleva diecisiete años de no ser consultada por el Gobierno sobre la definición o coordinación de la política de empleo. Sostienen además que el Gobierno incumplió el compromiso que asumió ante el Consejo de Administración de la OIT, en marzo de 2016, de poner en marcha un plan de acción que incluya la conformación de una mesa de diálogo y la generación de un cronograma de reuniones con FEDECAMARAS y las organizaciones sindicales independientes. FEDECAMARAS indica que tampoco ha sido convocada al Consejo Nacional de Economía Productiva creado por el Presidente en enero de 2016.
Las centrales sindicales UNETE, CTV, CGT y CODESA sostienen que las organizaciones de trabajadores no son consultadas para la formulación de las políticas de empleo y que el Gobierno no ha tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo", muestra el documento.
María Gabriela Ponce y Lissette González, especialistas e investigadores en la elaboración de políticas públicas, indicaron durante el Programa de Formación “Derechos Socioeconómicos y Democracia”, realizado en el Centro de Internacional de Actualización Profesional (CIAP-UCAB), que para implantar políticas sociales con repercusiones es necesario un diagnóstico de la situación actual, así como de lo que se quiere lograr específicamente.
“Durante el diagnóstico se debe elaborar el árbol de problemas para tener claro cuál es la raíz del problema, al tiempo de enmarcar cuál es el impacto de ese problema y las repercusiones que este genera”, sostuve Ponce.
Al momento de realizar una política pública, se debe dejar claro a quién va dirigido, pues de esta forma no se inflan las cifras al momento de dar los resultados o de indicar el impacto que este ha tenido en la sociedad.
“Que una persona sea beneficiaria de un programa no indica que el programa esté dirigido para él. Por eso se debe hablar de ‘filtraciones’. La población objetivo son quienes se benefician y cumplen con las características para quienes va dirigido el programa, pero al realizar las filtraciones, de forma metodológica, sacas de la cuenta a quienes recibieron el programa pero no cumples con las características de la población objetivo. Al tener esto en cuenta, reduces el fracaso del proyecto, lo delimitas y evitas que se den cifras agrandadas cuando en realidad la verdadera población objetivo ha sido un número completamente diferente”, comentó.
Por otro lado, en la Constitución de Venezuela se percibe al empleo como un derecho, por lo tanto, de acuerdo con González, investigadora de la UCAB, los ciudadanos tienen la potestad de exigirle al Estado los beneficios de este derecho al tiempo que incluso, se pudiera demandar, solo por estar en la ley.
Sin embargo, agregó que esto solo puede ocurrir en un ámbito en el cual todos los ciudadanos se encuentren en una condición simétrica, como iguales, pues al ser tratado como un derecho, exigir un beneficio no debería representar una estigmatización, como ocurre en muchos programas creados por el gobierno.
Por su parte, la ASI señaló en sus observaciones que la República Bolivariana de Venezuela no cuenta con una política de empleo. La OIE y FEDECAMARAS sostienen que no existe dentro de la planificación macroeconómica del país una política coordinada para la ejecución conjunta de planes de empleo. Indican que la ausencia de una política coherente de empleo en el país ha ocasionado un enorme crecimiento del índice de pobreza, que pasó del 53 por ciento en 2014 al 76 por ciento en 2015. Añaden que el aumento ha sido aún más significativo en el caso del índice de la pobreza extrema, que pasó del 25 por ciento en 2014 al 53 por ciento en 2015.
"FEDECAMARAS, a pesar de su representatividad, por tener afiliadas cerca de 300 cámaras, lleva diecisiete años de no ser consultada por el Gobierno sobre la definición o coordinación de la política de empleo. Sostienen además que el Gobierno incumplió el compromiso que asumió ante el Consejo de Administración de la OIT, en marzo de 2016, de poner en marcha un plan de acción que incluya la conformación de una mesa de diálogo y la generación de un cronograma de reuniones con FEDECAMARAS y las organizaciones sindicales independientes. FEDECAMARAS indica que tampoco ha sido convocada al Consejo Nacional de Economía Productiva creado por el Presidente en enero de 2016.
Las centrales sindicales UNETE, CTV, CGT y CODESA sostienen que las organizaciones de trabajadores no son consultadas para la formulación de las políticas de empleo y que el Gobierno no ha tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo", muestra el documento.
María Gabriela Ponce y Lissette González, especialistas e investigadores en la elaboración de políticas públicas, indicaron durante el Programa de Formación “Derechos Socioeconómicos y Democracia”, realizado en el Centro de Internacional de Actualización Profesional (CIAP-UCAB), que para implantar políticas sociales con repercusiones es necesario un diagnóstico de la situación actual, así como de lo que se quiere lograr específicamente.
“Durante el diagnóstico se debe elaborar el árbol de problemas para tener claro cuál es la raíz del problema, al tiempo de enmarcar cuál es el impacto de ese problema y las repercusiones que este genera”, sostuve Ponce.
Al momento de realizar una política pública, se debe dejar claro a quién va dirigido, pues de esta forma no se inflan las cifras al momento de dar los resultados o de indicar el impacto que este ha tenido en la sociedad.
“Que una persona sea beneficiaria de un programa no indica que el programa esté dirigido para él. Por eso se debe hablar de ‘filtraciones’. La población objetivo son quienes se benefician y cumplen con las características para quienes va dirigido el programa, pero al realizar las filtraciones, de forma metodológica, sacas de la cuenta a quienes recibieron el programa pero no cumples con las características de la población objetivo. Al tener esto en cuenta, reduces el fracaso del proyecto, lo delimitas y evitas que se den cifras agrandadas cuando en realidad la verdadera población objetivo ha sido un número completamente diferente”, comentó.
Por otro lado, en la Constitución de Venezuela se percibe al empleo como un derecho, por lo tanto, de acuerdo con González, investigadora de la UCAB, los ciudadanos tienen la potestad de exigirle al Estado los beneficios de este derecho al tiempo que incluso, se pudiera demandar, solo por estar en la ley.
Sin embargo, agregó que esto solo puede ocurrir en un ámbito en el cual todos los ciudadanos se encuentren en una condición simétrica, como iguales, pues al ser tratado como un derecho, exigir un beneficio no debería representar una estigmatización, como ocurre en muchos programas creados por el gobierno.
Carol Álvarez
Shaylim Castro
María Gabriela Ordáz
Alexa Vielma
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